Ricardo Ordóñez y su lucha: 40 días en huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Xalapa

Un hombre, una pancarta y 40 días de demandas

Desde el 9 de junio, Juan Ricardo Ordóñez, originario de Coatzacoalcos, mantuvo una huelga de hambre de 40 días encadenado a un poste frente a la Plaza Lerdo, en Xalapa. Su protesta reclamaba atención por un presunto fraude inmobiliario y amenazas de muerte, que lo habrían dejado en una situación de vulnerabilidad no atendida por la autoridad.

Su objetivo fue claro: ser escuchado por la gobernadora Rocío Nahle o la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, durante más de un mes no recibió el respaldo institucional que buscaba. “No hay ningún acercamiento (…) estoy totalmente solo”, declaró tras 40 días de resistencia.

Colapso, rumores y atención médica

Pasadas las primeras seis semanas, los signos de agotamiento físico se hicieron evidentes. Sufrió mareos, náuseas, fiebre y deshidratación extrema, especialmente luego de pasar tres días sin beber agua.

Esto provocó que paramédicos de Protección Civil lo atendieran, y su paradero se volvió incierto por algunas horas. La incertidumbre se cultivó con versiones en redes que afirmaban que había muerto tras 38 días de huelga —información que resultó falsa, según confirmó el gobierno estatal.

Colapso, rumores y atención médica

Pasadas las primeras seis semanas, los signos de agotamiento físico se hicieron evidentes. Sufrió mareos, náuseas, fiebre y deshidratación extrema, especialmente luego de pasar tres días sin beber agua

Esto provocó que paramédicos de Protección Civil lo atendieran, y su paradero se volvió incierto por algunas horas. La incertidumbre se cultivó con versiones en redes que afirmaban que había muerto tras 38 días de huelga —información que resultó falsa, según confirmó el gobierno estatal

Reaparición y diálogo abierto

El viernes 18 de julio, Ricardo reapareció frente al Palacio, luciendo visiblemente debilitado pero consciente. Portaba un cartel que decía:

“Yo, Ricardo Ordóñez, sigo en mesa de diálogo y acuerdo por escrito. Gracias por su apoyo ciudadanía de Jalapa y Veracruz”.

Ese mismo día, se confirmó que fue recibido por representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, poniendo fin al bloqueo vial y comenzando una mesa de negociación con autoridades estatales.

El fondo de la protesta

Ordóñez denunció que fue víctima de un fraude inmobiliario perpetrado por una empresa de Coatzacoalcos, que incluso incluyó la falsificación de firmas. Asegura que su denuncia ante la Fiscalía no prosperó y que permaneció sin protección, pese a las amenazas que recibió.

La huelga, más que una petición económica, fue un acto extremo de desesperación para visibilizar una situación que consideraba injusta y peligrosa.

Repercusiones sociales y exigencias

Las reacciones no se hicieron esperar: colectivos ciudadanos, defensores de derechos humanos y la opinión pública expresaron indignación por la omisión gubernamental. Medios como RTN y Locofer resaltaron que Ricardo estuvo encadenado “frente al poder” sin recibir solución.

Demandas de investigación, protocolos de protección para víctimas y rendición de cuentas surgieron como respuestas urgentes ante lo ocurrido.

¿Qué sigue?

Durante la mesa con autoridades, se alcanzó un acuerdo preliminar: la Fiscalía, la CEDH y la Comisión de Atención a Víctimas revisarán el caso, con la promesa de un juicio programado para el 30 de julio.

Ordóñez quedará bajo resguardo y se espera que sí regrese a Coatzacoalcos sin represalias. Pero su salud, ya resintió el estrés extremo de no alimentarse ni hidratarse.


Un espejo para las autoridades

Este episodio expone no sólo una denuncia individual, sino una falla estructural. ¿Cómo pudo llegar al extremo de una huelga de hambre encadenada para obtener atención? La omisión acosada, la demora institucional y los frenos burocráticos son cuestionados por la sociedad.

La historia de Ricardo Ordóñez recuerda que la protesta extrema suele nacer del silencio estatal. Aún con la mesa abierta y un acuerdo en puerta, su lucha deja un llamado pendiente: que las autoridades veracruzanas actúen con prontitud y sensibilidad ante víctimas que deciden exponer su vida por justicia.

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